Porchinos vuelve a ser un problema

La contingencia Porchinos vuelve a entrar en zona de turbulencias. Quien a finales de noviembre creyese que con la paralización durante dos años -prorrogable a otros dos- del plan que contempla la futura ciudad deportiva estaba todo solucionado, se equivocaba. Aquel acuerdo plenario (sacado adelante con la mayoría absoluta del PP, pero que también respaldó el PSPV), allanó definitivamente la venta del Valencia a Peter Lim. El magnate había exigido que se solventasen varias batallas abiertas en el club, una de ellas la del proyecto en Ribarroja. Ahora, esa herida vuelve a estar abierta, pues las formaciones que con casi total probabilidad formarán el nuevo gobierno municipal tienen la intención de dinamitar definitivamente el plan Porchinos.

Este depende ahora de una sentencia del Supremo y de la voluntad de la nueva Corporación municipal. El proyecto concebido por Juan Soler incluía la futura ciudad deportiva del Valencia, junto a unas 3.000 viviendas, en esta partida adyacente al paraje de Les Rodanes. El anterior alcalde, Francisco Tarazona (PP), abanderó el proyecto e incluso lo utilizó como su principal arma en su última reelección con mayoría absoluta. Cuatro años después, los populares, ya sin Tarazona como cabeza de lista, vuelven a ser la fuerza más votada, pero sus posibilidades de seguir gobernando son muy remotas.

El pleno de Ribarroja estará compuesto por 21 concejales. Los populares obtuvieron siete, por seis de los socialistas. Tres logró Riba-roja Pot (Podemos), dos Ciudadanos y Compromís, y uno EU. Con este panorama, al PP, única fuerza que seguiría apostando decididamente por el plan Porchinos, le queda la baza de que no se produzca ningún pacto y acceda a la alcaldía la fuerza más votada.

Lo más probable es que haya una coalición de izquierdas, en la que el PSPV sería socio de gobierno de gente vinculada a Salvem Porxinos. Esta plataforma vecinal consiguió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulara la recalificación de los terrenos de agrícolas a urbanos y la tramitación del PAIpor el Ayuntamiento y la Generalitat. Las instituciones, entonces gobernadas por el PP, recurrieron y el asunto se haya ahora en manos del Supremo.

El fallo del Alto Tribunal está al caer. «Si todo queda anulado, nosotros no volveremos a empezar cero. Siempre nos hemos mostrado contrarios a que se destrozase el paraje de Porchinos con 3.000 viviendas cuando hay un stock de 400.000 vacías en Valencia», indicó ayer Roberto Raga, cabeza de lista del PSPV y que recaba apoyos para convertirse en el nuevo alcalde.

Zancadillas al proyecto

La otra posibilidad es que el Supremo revoque la decisión del TSJ y vuelva a dar validez al PAI una vez se subsanen las deficiencias por las quedó rechazado. Estas son garantizar que hay agua para abastecer las 3.000 viviendas e incumplir las normativas europeas de libre competencia. Tarazona siempre defendió que podía cumplir fácilmente con ambos trámites. Roberto Raga, por el contrario, afirma ahora que luchará a toda costa con el plan si es alcalde: «Intentaríamos negociar con el Valencia y los bancos, y desde luego el Ayuntamiento pondría todas las tabas que estén a su alcance».

Raga ha iniciado contactos con todas las fuerzas, excepto el PP. Fuentes consultadas, estiman que el pacto con Ciudadanos, EU y Compromís está próximo. Tal y como aseguraron ayer a este periódico, al menos los dos últimos han exigido para pactar que el nuevo equipo de gobierno se oponga a toda costa al proyecto en Porchinos.

Algunos de los integrantes de la lista de Compromís estaban en la plataforma Salvem Porxinos. Además, se da la circunstancia de que Mónica Oltra reside en Ribarroja. En cuanto a Podemos, sus integrantes son también activos miembros de la agrupación que presentó el recurso contra el PAI que prosperó en el TSJ. Ayer mismo convocaron por la tarde a las fuerzas de izquierdas para exponerles su idea de elegir al alcalde mediante un referéndum. En principio descartan entrar en un equipo de gobierno con el PSPV, pero respaldarían cualquier iniciativa contra el plan urbanístico. Independientemente de cómo se conforme la corporación, esta ha de asumir que su batalla contra el PAI posiblemente le llevará a los tribunales.

El Valencia firmó un convenio con el equipo de Gobierno de Tarazona por el cual el club aportó 21 millones al municipio a cambio de la aprobación del plan Porchinos. «El Ayuntamiento no devolverá un euro sin que antes lo ordene un juez. Además, creemos que como máximo se puede reclamar el dinero del aprovechamiento del PAI, unos 5,5 millones», señala Raga.

Asimismo, se prevé que los bancos también exijan una compensación, ya que los terrenos poseen quedarían depreciados al volver a ser suelo agrícola. Los abogados de Meriton calcularon que las parcelas que en su día vendió Litoral del Este a Nozar -y que pasaron a manos de tres entidades bancarias al entrar esta firma en concurso de acreedores- se devaluarían en 101 millones. «El Valencia asumió unos riesgos cuando se embarcó en este proyecto», subrayó Roberto Raga.