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C. V.
Martes, 16 de septiembre 2014, 00:00
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Andrés Sanchis vuelve a abrir fuego. Y esta vez, el 'tiro' va dirigido a un político. Se trata de Gerardo Camps, antiguo conseller de Hacienda cuyo organismo, en 2009, dio cobertura al Instituto Valenciano de Finanzas para que concediera el aval de 75 millones (luego se amplió hasta los 81) a la Fundación del Valencia. Con aquel aval se pidió un préstamo a Bancaja que nunca se ha devuelto. El accionista ha presentado en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia un escrito solicitando ampliar la querella que actualmente se instruye contra Manuel Llorente y que, en su opinión, afecta también al político, a quien implica en la causa por prevaricación.
En realidad, Llorente no era el único imputado. Se encontraban en su misma situación Javier Gómez, Társilo Piles y José Luis Olivas, a quienes se acusa de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos por su participación en la ampliación de capital de 2009, y de la gestión posterior que tuvo como efecto el cambio accionarial que otorgó a la Fundación el papel de máximo accionista de la entidad.
La condición actual de diputado nacional de Camps provoca un cambio sustancial en el escenario que había. De esta manera, al Juzgado de Instrucción no le quedará otro remedio que trasladar la causa, o bien al TSJ porque cuando sucedieron los hechos el afectado era conseller o, lo más probable, al Tribunal Supremo por su situación actual de aforado, tal y como se soliticó ayer mismo en el propio juzgado.
Este procedimiento penal se encuentra en estos momentos en una situación de cierto parón, ya que después de tomar declaración a los cuatro imputados, Sanchis solicitó que se practicaran una serie de pruebas que han sido recurridas en su globlalidad por las partes, cuestión esta última que se produjo hace ya algunos meses y sobre la que no se ha pronunciado todavía el juzgado.
Ha podido ser quizás este parón lo que ha provocado que Sanchis y el resto de accionistas que apoyan la causa se decidieran a dar el paso respecto al exconseller. En realidad, la implicación del político era una de las hipótesis que barajaron siempre desde el primer momento, pero en su estrategia, el abogado prefirió antes escuchar la versión que podía dar el entonces director del IVF, Enrique Pérez Boada. Como su declaración no se ha producido todavía (es una de las pruebas solicitadas) y ante el temor que el tiempo pase dejándolo fuera de plazo, se ha decidido por implicar a Gerardo Camps.
El argumento en el que se basa Sanchis es que la Administración cometió una irregularidad al conceder el aval a la Fundación «infringiendo» lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea referente a las ayudas oficiales a los clubes, sin pasar previamente por la autorización de la Comisión. La sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo, la que tumbó el aval en su momento, fue la que puso el dedo en la llaga respecto a la teórica ligereza que el IVF se lanzó a dar cobertura económica a una Fundación incapaz de generar ingresos para devolver el préstamo.
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