El Consell paga 4,8 millones de la deuda de la Fundación del VCF

José Císcar, vicepresidente del Consell, expresaba el viernes pasado la confianza en que el Valencia Club de Fútbol no costara un céntimo a la Generalitat. Apenas cuatro días después, aquellas esperanzas han saltado por los aires. El Gobierno valenciano pagó ayer los 4,8 millones que la Fundación, hasta ahora máximo accionista del club, debía a Bankia correspondientes a los intereses de 2012 del crédito de 81 millones que recibió de la entidad financiera.

Este paso, que el Consell trataba de evitar a toda costa, es el previo a la segunda etapa de las negociaciones, centradas ahora en la refinanciación del dinero que todavía debe cobrar Bankia. El siguiente trámite será por lo tanto convertir esos 81 millones restantes en un nuevo préstamo que se sumará a la deuda que ya tiene contraída la Generalitat con el banco. El que en su día firmó la Fundación, para frenar el acceso de Inversiones Dalport, contemplaba unas condiciones hoy en día desorbitadas, con un interés mínimo del 6%. La amortización de capital estaba prevista para los años 2014 y 2015.

El pago de los intereses supone la confirmación de la noticia que avanzó LAS PROVINCIAS: que Bankia no aceptaba más parches y ejecutaría el aval del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta fue la decisión que adoptó la entidad financiera cuando la Generalitat puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar el aval, de 81 a 86 millones, incluyendo de este modo en el mismo los intereses de 2012. Dicha fórmula, que ya se adoptó en 2010, suponía que Bankia se pagaba a sí misma a cambio de aumentar la deuda de la Fundación y, en su condición de avalista, del IVF. Lo paradójico es que semanas antes había sido el propio Consell el que rechazaba esta posibilidad desesperada.

A efectos legales, el pago de los 4,8 millones supone que desde ayer el Valencia CF es propiedad de la Generalitat Valenciana, que asume el 70% del accionariado, y contempla un fututo con una única salida: la venta del club a algún inversor. El Consell escrutaba otras vías menos drásticas, dirigidas al reparto de acciones, pero tenían sentido sólo si no era necesario anticipar dinero de las arcas públicas. Una vez pagados 4,8 millones, la urgencia pasa por recuperarlos de forma inmediata, como anunció José Císcar en su última comparecencia.